El Juzgado de Instancia e Instrucción Número 5 de Santander ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Cantabria y ha aceptado la petición para ampliar la investigación a las personas jurídicas, con el fin de analizar la petición de apartar a las empresas presuntamente implicadas en el caso de corrupción protagonizado por un funcionario del servicio de carreteras de los procesos en los que éste participó y que en este momento se encuentran en marcha.
Las empresas tienen ahora un plazo para personarse en la causa con abogado y procurador y, una vez personadas, las partes serán convocadas a una vista en la que podrán alegar sobre la prohibición de contratar solicitada por el Gobierno al considerar que no sería responsable contar con ellas a la hora de determinar la adjudicación de los expedientes en los que intervino el funcionario detenido.
El juzgado ha rechazado sin embargo la segunda medida cautelar pedida por el Ejecutivo cántabro para la apertura de una cuenta bancaria donde consignar las cantidades pendientes de abonar por las obras ya ejecutadas con participación de esas empresas investigadas, en cuya adjudicación intervino el referido funcionario. En este caso, la jueza estima que no procede la tutela judicial porque las obras pendientes de pago no forman parte de la investigación en marcha.
Imagen exterior de la una de las empresas que aparecen en la trama de la Consejería de Obras Púbicas.