El portavoz del grupo municipal del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, pedirá explicaciones al equipo de gobierno ante las sucesivas sentencias condenatorias por supuestas “anomalías” en los procesos de selección a través de la celebración de una comisión especial que sirva para “mantener informados a los grupos municipales” y “donde no se eludan responsabilidades”.
Unas “anomalías” como apunta el PRC tras ser conocedor de la última sentencia han llevado en esta ocasión a que el consistorio readmita y nombre policías locales a dos aspirantes a una convocatoria correspondiente a la OEP 2018 donde inicialmente se ofertaban 36 plazas y meses después fue publicada su ampliación en 11 puestos más referente a la OPA 2019, es decir, 47 plazas. Sin embargo el ayuntamiento a la hora de proceder a la selección hizo uso de la primera convocatoria, razón por la que los apelantes recurrieron el acuerdo y ahora la justicia les da la razón ya que la Sala entiende que se debe aplicar en dichas oposiciones la convocatoria ampliada en lugar de la inicial, es decir, cubrirse 47 plazas, “por lo que el resto de aspirantes que pasó las pruebas hasta dicho cómputo están en el derecho de recurrir el proceso lo que supondrá más costas judiciales a pagar por el Ayuntamiento”.
Además, añaden, que la sentencia condena al Ayuntamiento a indemnizar a los recurrentes con las cantidades que en calidad de policía local del Ayuntamiento de Santander debieran haber percibido desde la fecha en que debieron ser nombrados agentes tomando posesión de la plaza al ser incorporados en la relación de aprobados con el resto de aspirantes.
“No es normal lo que está ocurriendo en estos procesos de selección, que lo único que está acarreando es un descontrol, un caos y un coste adicional a las arcas municipales”, ya que recientemente el Tribunal Contencioso Administrativo Nº1 de Santander condenaba al consistorio de la capital cántabra a “proceder a la retroacción del procedimiento selectivo” ante “varios incumplimientos” en la fase posterior a la valoración de méritos para la provisión de puestos en la Policía Local.
Junto a estas sentencias, recuerda la falta de soluciones al “escandaloso” problema del deficiente estado de las emisoras de radio donde el equipo de gobierno sigue «haciendo oídos sordos” desde el 2016, cuando el Ayuntamiento se hizo con estas competencias en detrimento del Gobierno regional, “que lo gestionaba hasta entonces». “Ni los policías en servicio pueden pedir ayuda cuando lo necesitan, ni la ciudadanía puede estar segura, por lo que no se puede seguir ignorando esta situación más tiempo”, concluyó.