La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha informado que en el próximo mes de marzo comenzará la implantación del nuevo sistema de grabación en las salas de vista de los juzgados, lo que supondrá incorporar las grabaciones de vídeo de las actuaciones judiciales al expediente judicial. Durante 2022, se culminó una inversión en esta materia de unos 600.000 euros, sufragados con fondos de recuperación de la UE (Fondos MRR, Next Generation), y que han servido para mejorar la capacidad de los servidores de almacenamiento de vídeo, adquirir sistemas de videoconferencia y micrófonos para cada una de las 52 salas de vista de los juzgados que tiene Cantabria
La consejera de Justicia, Paula Fernández, junto a técnicos del Ejecutivo regional, han informado a una representación de todos los operadores jurídicos de Cantabria del alcance del sistema y el calendario de despliegue tecnológico necesario, que comenzará a mediados de marzo en las salas de vista de la sede judicial del Edificio Europa y finalizará durante el verano, cuando ya esté implantado en todas las sedes judiciales.
Fernández Viaña ha apuntado el salto cualitativo que va a suponer la implantación de este sistema para que la ciudadanía sea atendida de modo “integral”, para que la justicia se administre con “mayor agilidad” y que los operadores jurídicos dispongan de un expediente digital “completo y con garantías que les permita trabajar con la máxima eficacia”. En este sentido, ha valorado especialmente la colaboración de todos los agentes implicados – jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia abogados, procuradores y empleados públicos, entre otros- en el avance tecnológico del programa de modernización de la Administración de Justicia y la adecuación de los órganos judiciales para el posterior desarrollo del expediente judicial electrónico en los juzgados y oficinas fiscales. “Ellos han hecho posible que la justicia esté trabajando como se hace en Cantabria con espíritu de colaboración y mejora constante del sistema”, ha subrayado.
Además, ha avanzado que la implantación de los sistemas de grabación conllevará otras mejoras para todos los operadores jurídicos, que contarán con otras herramientas digitales de trabajo, como es la textualización de todas las actuaciones orales de los procedimientos judiciales. Fernández Viaña ha valorado, por último, que el sistema de gestión procesal utilizado por Cantabria, el denominado Vereda, ha facilitado todos estos desarrollos tecnológicos en la justicia regional, un programa que se comparte con otras comunidades autónomas con competencias en materia de justicia como Navarra, Aragón y País Vasco.
En la presentación del calendario de despliegue del sistema, celebrada en el Complejo Judicial de Las Salesas, han estado presentes, además de la consejera y el director de Justicia, Pablo Ortiz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; la fiscal superior, Pilar Jiménez; la secretaria gobierno del TSJC, María Socorro García, junto a los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, Andrés de Diego y Rosaura Díez, respectivamente.
7 millones para mejoras tecnológicas
Cantabria dispondrá hasta 2023 de 7 millones de euros provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU, dentro del proyecto nacional Justicia2030, cuya ejecución y desarrollo de los diferentes programas se prolongará hasta noviembre de 2025. En esta inversión se incluyen los 3 millones de inversión, de un montante total de 10 millones, que se repartirán entre otras tres autonomías que comparten el sistema de gestión procesal Avantius –denominado Vereda en Cantabria– (País Vasco, Aragón y Navarra), para garantizar la comunicación y la interoperabilidad de los sistemas utilizados en los juzgados.
Entre los proyectos ya lanzados en Cantabria, destaca la mencionada adquisición de equipos informáticos, conexiones inalámbricas en las sedes judiciales y equipos de videocomunicación para consolidar la modernización tecnológica, una inversión que ha superado hasta el momento los 500.000 euros, provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU. Igualmente, se licitará un nuevo contrato, para mejorar la infraestructura tecnológica de los juzgados, de las oficinas judiciales y las futuras oficinas de justicia municipales, un contrato que saldrá a licitación este mismo año por importe de un millón de euros. Otras partidas de este fondo se destinarán a la digitalización de la totalidad de los registros civiles para transformar en soporte electrónico los libros, unos 1.600 que se encuentran en los municipios.