El Partido Popular ha denunciado hoy que el entramado de contrataciones promovidas por la exdirectora general de Igualdad y Juventud, Alicia Renedo, trasciende al Gobierno de Cantabria y se extiende al PSOE y a ayuntamientos gobernados por este partido en la comunidad autónoma.
La secretaria autonómica del PP y diputada regional, María José González Revuelta, ha informado en rueda de prensa de que, desde que se destapasen las contrataciones irregulares en Juventud e Igualdad que llevaron a la dimisión de la dirigente socialista, el partido ha emprendido una acción coordinada de recopilación de información en el Parlamento, y a través de los grupos municipales, que han revelado una maraña de contrataciones masivas y otorgadas en muchos casos a dedo, a al menos dos entidades y a una empresaria vinculada a su vez a todas ellas, en ayuntamientos controlados por el PSOE y con un denominador común: Alicia Renedo.
En la información de que dispone, el PP ha detectado contrataciones (adjudicadas en una amplísima mayoría a través de propuestas de gasto y contratos menores) en los ayuntamientos de Camargo y Piélagos que superan conjuntamente los 180.000 euros con María Luisa Rebolledo Deschamps y la entidad ‘Ágora Espacio de Formación Feminista’, en la que a su vez Rebolledo hacía las veces de coordinadora general de equipo.
Precisamente, la misma empresaria gaditana para la que trabajó Alicia Renedo después de haberle adjudicado una docena de contratos entre los años 2016 y 2019 por valor de 77.000 euros desde la Dirección de Igualdad y con la que firmó un contrato público en 2021 desde la Dirección de Juventud, incumpliendo la Ley de Incompatibilidades.
Según ha detallado González Revuelta, se trata de 8 contrataciones en el ayuntamiento de Piélagos y 13 en el de Camargo, dos consistorios que cuentan con una alcaldesa del PSOE gracias a una coalición con el PRC y en los que las competencias de Servicios Sociales e Igualdad son gestionadas por concejales socialistas. En ambos casos, las primeras contrataciones se formalizan en el año 2018, cuando todavía Alicia Renedo era directora general de Igualdad; continúan en 2019, cuando sale del Gobierno y comienza a prestar servicios profesionales para María Luisa Rebolledo; y prosiguen hasta 2022, a pesar de que un año antes Renedo volvió al Gobierno para ocuparse de las competencias de Juventud.
“Es verdaderamente sospechoso que los contratos menores sean adjudicados a la misma entidad o persona, a las que también se otorgan servicios de manera directa mediante la firma de propuestas de gasto. Cuando desde estos ayuntamientos se debían solicitar varios presupuestos, aparecían esta empresaria y la entidad Ágora. Y, de todos los que obran en nuestro poder, terminan resultando adjudicatarias”, ha sentenciado la dirigente del PP, para quien este asunto huele muy mal y es muy preocupante en términos de transparencia y honorabilidad.
“Al Partido Popular, como a cualquier ciudadano en base al sentido común, todo nos lleva a pensar que estamos ante una trama de adjudicación de contrataciones viciadas”, ha dicho González Revuelta y ha asegurado que tienen fundadas sospechas de que esto sólo es la punta del iceberg, puesto que no todos los ayuntamientos han facilitado la información que han reclamado ni el Gobierno de Cantabria ha enviado al Grupo Parlamentario Popular la documentación requerida sobre este asunto.
Además, tampoco se conocen aún las conclusiones resultantes de la investigación interna iniciada de oficio por la Inspección General de Servicios del Gobierno de Cantabria. “Tres semanas después la historia, que sepamos, sigue en eso, en un anuncio. Ni la señora Paula Fernández ni ningún otro miembro del Gobierno ha dado a conocer las conclusiones de dichas averiguaciones. Por tanto, si finalmente no han llevado a cabo esa investigación, malo; si la han realizado y lo que impera es el silencio, la falta de transparencia y la absoluta opacidad, aún peor”, ha sentenciado.
María José González Revuelta ha instado al PSOE a aclarar de inmediato el papel de Pablo Zuloaga en este escándalo, no sólo en su calidad de secretario general del partido, sino como el máximo responsable del ala socialista del Gobierno de Cantabria. La secretaria autonómica del PP ha dicho que su formación política todavía está analizando de la mano de sus servicios jurídicos toda la información que obra en su poder y no descartan poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía a fin de defender el dinero público y el interés general.
Y ha advertido de que este caso recuerda a la trama de corrupción que el PP destapó la pasada legislatura en el Servicio Cántabro de Salud y que terminó en condenas de 11 y 14 años inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público por prevaricación en la adjudicación de contratos menores para sus principales responsables.
“Lo que tenemos muy claro es que a la puerta que no vamos a llamar es a la de Miguel Ángel Revilla. Entonces Revilla dijo que todo era una novela, se lavó las manos y nos dio con la puerta en las narices. Bramaría mucho, habría un sinfín de aspavientos y, como siempre, terminaría no haciendo nada”, ha concluido.