El Partido Popular ha propuesto, por medio de las enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC), que el Gobierno regional apruebe e implemente «de una vez por todas» el Plan Estratégico de Accesibilidad e Inclusión de las personas con discapacidad.
Según ha explicado la diputada y portavoz en materia de Políticas Sociales del PP, Isabel Urrutia, esta es una «reivindicación reiterada en el tiempo», puesto que el Ejecutivo regional ha sido «incapaz» de ponerlo en marcha desde que se aprobó, en diciembre 2018, la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma en la que se contempla el citado plan que debería estar aprobado desde enero del año 2020.
Urrutia ha recordado al respecto que, además, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) elaboró y propuso al Gobierno, en octubre de 2019, un manual de necesidades de accesibilidad que sirviera como base al plan, «llegando a un acuerdo con la consejera de Presidencia para su aprobación en enero de 2020».
«Esta es una muestra del cacareado compromiso social de regionalistas y socialistas» ha ironizado la parlamentaria del PP, quien ha criticado no solo el retraso en la puesta en marcha, sino también la «negligencia» y «falta de capacidad» del Ejecutivo regional «para hacer su trabajo, sobre todo cuando estamos hablando de personas que necesitan de su total apoyo».
En este sentido, Isabel Urrutia ha exigido a la Administración cántabra que «se ponga las pilas y no lo demore más». Por otro lado, propone la elaboración de la Ley de accesibilidad universal que el Gobierno comprometió en la pasada legislatura y que, según la parlamentaria del PP, «ni tan siquiera han comenzado a elaborar». Al respecto ha recordado que la ahora vigente data del año 1996 y «es necesario actualizarla».
En opinión de Isabel Urrutia, el Gobierno «está incumpliendo el desarrollo de una ley que beneficia a cientos de cántabros, incluso siendo consciente, según parece, de sus necesidades». En este sentido, ha destacado que, en consecuencia, son varias las enmiendas por medio de las que, a lo largo de todas las secciones, se insta a la Administración autonómica «al cumplimiento de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad».
«Las leyes están para cumplirse» ha añadido Isabel Urrutia quien ha lamentado el «mal ejemplo» que, a su juicio, «está dando el Gobierno a los ciudadanos» con su actitud «incomprensible y rechazable».
Urrutia se ha referido también a otra enmienda presentada a los presupuestos para 2023. Una propuesta que ha calificado como «muy importante» para el ámbito de la discapacidad y que el Gobierno «ningunea pese a estar incluida también en la ley, como es la figura del asistente personal». Asimismo, el PP propone otra partida presupuestaria para el Plan de Acceso a la Justicia, «garantizando el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad con un modelo específico de apoyos».
NOVEDAD EN LA LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS
Además y a través de las enmiendas que el PP ha presentado al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, se propone modificar la Ley de Función Pública para que en la reserva de un 7 % de plazas en las ofertas de empleo público «se incremente al 2% de personas con discapacidad intelectual otro 1% a aquellas que acrediten discapacidad por salud mental.
«Esta es una larga reivindicación de las asociaciones y familias con personas con patologías de salud mental y queremos que esté en vigor para las nuevas convocatorias de ofertas públicas de empleo a partir del año 2023″, ha concluído Isabel Urrutia.