UGT anunció hoy en una rueda de prensa su intención de reclamar judicialmente el consejo de seguimiento o Consejo de Supervisión Continua de las empresas públicas de Cantabria que el propio Gobierno autonómico aprobó por ley en 2018.
Así lo ha manifestado en representación de las distintas federaciones del sindicato Pedro Cobo, asesor legal de empresas públicas de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, tras criticar “que ya ha pasado mucho tiempo desde que se aprobó la ley y no parece que el Gobierno de Cantabria tenga interés alguno en controlar y supervisar estas empresas que integran el sector público”.
Cobo agregó que “desde UGT hemos venido solicitando una y otra vez la creación de este consejo de las 25 empresas públicas de Cantabria, que emplean a 1.900 trabajadores y trabajadoras (en torno a un 28% con contrato temporal) y ya no caben más soluciones que “o bien, el Gobierno de Cantabria dé un paso adelante y asuma su responsabilidad, creándolo de una vez por todas; o bien, que se vea obligado a ello por una sentencia judicial”.
El sindicalista recordó que muchas de estas empresas públicas adscritas a distintas consejerías del Gobierno de Cantabria “son focos de conflicto y de irregularidades de todo tipo que, lejos de reducirse, cada día que pasa se incrementan; tal y como lo han confirmado sentencias judiciales, resoluciones de la Inspección de Trabajo y auditorías de la Intervención General Autonómica y hasta de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)”.
El asesor legal de UGT criticó la actuación de estas empresas públicas cántabras “tanto en el ámbito laboral como en el de la gestión” y reiteró que lo ocurrido en ellas en los últimos años y la obligación legal exige implantar el Consejo de Supervisión Permanente “porque ya no caben más demoras”.
Cobo aludió a las principales conclusiones de una reunión reciente de miembros de comités de empresas públicas de UGT celebrada en la sede del sindicato en Torrelavega, en la que se decidió recurrir a los tribunales de justicia “si el Gobierno de Cantabria sigue mirando para otro lado”.
“No es aceptable que en empresas financiadas con fondos públicos y que deberían ser ejemplo de gestión sea práctica habitual la falta de transparencia, fraudes en la contratación de personal o que no se negocien criterios generales como el acceso, la carrera profesional o la provisión de vacantes”, argumentó el sindicalista, que recordó que “en una parte importante de estas empresas públicas la negociación colectiva está prorrogada desde hace años o no existe una Relación de Puestos de Trabajo (RPT)”.
Cobo puso como ejemplo de estas irregularidades en las relaciones laborales casos recientes en MARE, Cantur o la SRECD, las tres empresas públicas cántabras con más plantilla, y extendió sus reproches a “una gestión que muchas veces no hay por donde cogerla”.
En este sentido, el representante de UGT subrayó que en las empresas públicas adscritas al Gobierno de Cantabria “se producen ineficiencias poco entendibles como el solapamiento de actividades, que muchas de ellas realicen actividades extraordinarias que nada tienen que ver con su cometido o que cada una de ellas ejecute sus actividades de manera independiente sin intercambio de conocimientos o recursos ni sinergerias financieras”.
“No se optimizan los gastos financieros, existen múltiples conflictos con la fiscalidad e ineficiencias en la aplicación del Impuesto de Sociedades y estas empresas ni siquiera cuentan con sistemas contables convergentes porque cada una va por libre”, añadió Cobo tras matizar que “no nos olvidemos que son empresas públicas financiadas con el dinero de todos los ciudadanos”.
Creciente subcontratación a empresas privadas
El asesor legal de empresas públicas de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT agregó que, tal y como se confirmó en la reunión con los representantes del sindicato en las empresas públicas de Cantabria, “hay una preocupación por la creciente subcontratación a empresas privadas de servicios que venían realizando sus propias plantillas”.
“De la noche a la mañana se han subcontratado servicios con una clara intención privatizadora y de escapar de las obligaciones legales actuales que tienen las empresas públicas”, comentó el sindicalista, que puso como ejemplo a MARE, “que viene realizando una gestión claramente dirigida a reducir su propia plantilla y a aumentar la subcontratación”.
Cobo recalcó que a todo lo comentado se añade el problema de que “cada vez que hay elecciones autonómicas se cambian todas las direcciones de estas entidades, lo que dificulta todavía más cualquier planificación y una gestión adecuada y consolidada”. “Está claro que es fundamental que exista un control de este conglomerado de empresas vinculadas a la Administración autonómica cuya gestión es más que cuestionada y que no puede pasar ni un día más sin la constitución de este consejo”, aseveró el portavoz de UGT.
Pedro Cobo exigió al Gobierno de Cantabria “un cambio de rumbo” y “una mejora sustancial en la gestión y en las condiciones laborales” de sus empresas públicas, tras advertir que “todas las federaciones de UGT apuestan por acelerar la implantación del Consejo de Supervisión Continua de las Empresas Públicas aunque sea a través de los tribunales de justicia”.
“Es inaceptable que cuatro años después de aprobarse la ley estemos en la situación actual”, comentó Cobo, que consideró “carente del más mínimo sentido común que el propio Gobierno de Cantabria decidiera en su momento crear esta comisión y avalarla por ley para luego olvidarse de todo ello”.