España cambió su destino contemporáneo cuando se celebraron las Elecciones de junio de 1977 que dieron lugar a la Constitución de 1978, para seguidamente desde las elecciones de 1979 establecer el régimen democrático que disfrutamos hasta el momento.
Podemos decir abiertamente que los ventisiete años comprendidos entre las constituyentes y 2004, son años de crecimiento constante, alguno a trompicones, tanto de renta y PIB como de presencia en los más importantes foros internacionales. Desde 2008 hasta 2016 se atravesó la crisis económica gestada en el trienio 2008 -2011, el que consagró la mentira como arma política y se superó de aquella manera.
Estamos ahora en el periodo más delicado de la contemporaneidad, el que sitúa al País a los pies del fracaso que de no atajarse inmediatamente empobrecerá a los ciudadanos durante largos años.
Las causas que hacen fracasar a los países, dictaduras aparte, están referidos siempre a las malas prácticas gubernamentales. Mala práctica es gastar más de los que se ingresa, mala política es aumentar el endeudamiento sin ponerle freno o hacerlo bajar, aunque sea un poquito, lo mismo que es mala política subir los impuestos a ciudadanos y empresas hasta convertir a las personas en sujetos paciente de su voraz apetito, disfrazado siempre bajo el mantra que se necesita para carreteras y hospitales, sin mencionar nunca el gasto ineficiente (cifrado en unos 62.000 millones de euros) el mantenimiento de chiringuitos amigos, las subvenciones a sindicatos de cámara o el dinero destinado a la troupe cinematográfica. De esto no se dice nunca nada. La inflación, fenómeno monetario absolutamente cancerígeno para cualquier país parece incontrolado sin que se meta mano a la masa monetaria en circulación, se elimine el gasto público y se fomente la competencia empresarial con mercados abiertos no restringidos, además de unas AA.PP que dejen de enredar en las empresas por medio del BOE o la espada de Damocles fiscal.
Es muy complicado que en la situación que se encuentra España pueda afrontar las imprescindibles medidas que necesita, la estructura del Estado tiene una inercia insoportable, el estatus quo que suponen el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Mancomunidades, Ayuntamientos, Pedanías, Juntas Vecinales, Entes, Empresas Públicas … es demasiado lastre para afrontar el necesario impulso trasformador de país.
Si en España hay unos diez millones de pensionistas, tres millones de empleados públicos y otros tres millones de desempleados, resulta que dieciséis millones de personas están dentro de un ámbito improductivo, generadores de gasto público de magnitud considerable es soportado por catorce millones de personas que trabajan en la economía productiva. Cuánto tiempo podrá soportarse si además existe una economía sumergida del entorno del 20 % del PIB, desplazada fuera de la legalidad por la depredadora acción gubernamental, nos encontramos con un escenario que reclama actuaciones claras.
¿Qué hacer? pues iniciar un control absoluto del dinero de los contribuyentes y meter tijera contundentemente, decisión política esta que no gusta a muchos ciudadanos, muy dispuestos ellos a la hora de gastar pero renuentes a pagar luego las juergas.
Hay que poner a muchas organizaciones ante el espejo su representatividad, ya es hora que sindicatos, patronal, kulturetas, ecologistas, animalistas, asociaciones de vecinos, de consumidores , defensores del pájaro carpintero, amigos de la bici y toda esa panoplia de organizaciones vivan de la contribución de sus miembros y no del esfuerzo de los contribuyentes. Esto además de un ahorro económico nos convertiría en un País más decente.
Seguridad jurídica, ¡ah! Curiosa garantía que se produce en los países democráticos en donde la separación de poderes es algo más que una declaración vacía de contenido. Las inversiones y el sano desarrollo económico / empresarial no prosperan en un país en donde primero hay que hablar con los gobernantes y luego estar a expensas de que no cambien las reglas.
Es necesario liberar a empresa y ciudadanos del ahogo normativo que padecen, el monstruo de los boletines oficiales con los que las AA.PP se dedican con pasión a restringir la libertad de empresas y ciudadanos, lo único que se obtiene son mercados cautivos, monopolios, concesiones que impiden la libre competencia, esa por la que los consumidores tenemos mejores ofertas de productos y servicios, además de mejores precios.
Hay que bajar impuestos, siempre, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, más en estos momentos de recesión económica. El dinero es de la gente, todo atrape de su dinero no es otra cosa que un pillaje legal. En estas estamos, con inflación y gasto desbocado, a puertas de la recesión económica con unas AA.PP cada vez más gastadoras, ante la sorprendente parálisis general. Luego llegarán los lamentos.
Autor: Alfonso del Amo-Benaite. Consultor de Mercados & Marketing.