La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, reunirá mañana a los alcaldes y portavoces en los ayuntamientos de Cantabria para movilizar la fuerza municipal del partido en defensa de la construcción de vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico.
La dirigente popular les ha convocado a reunión en Entrambasaguas, uno de los municipios en los que la nueva ley del suelo que tramita el Gobierno prohíbe construir vivienda unifamiliar, por superar los 5.000 habitantes.
El encuentro, previsto para las 19.30 horas, se produce cuando se cumple una semana de la reunión que la presidenta mantuvo con Miguel Ángel Revilla para tratar de acercar posturas sobre la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria.
En el encuentro, Buruaga ofreció al PRC los votos del Partido Popular, que es la primera fuerza municipal en la región, para mantener la actual regulación de la construcción de vivienda en suelo rústico, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta.
El Partido Popular se opone a este proyecto porque restringe al máximo la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico hasta convertirla en una excepción, lo que supone un enorme paso atrás frente a la regulación actual, que ha funcionado y se ha demostrado compatible con la conservación y protección del suelo rústico.
El proyecto de ley la limita a los municipios de menos de 5.000 habitantes y, dentro de ellos, solo alrededor de aquellos núcleos urbanos que no dispongan de suelo urbanizable. Se prohíbe en todos los municipios de más de 5.000 habitantes en una discriminación entre vecinos y municipios inaceptable.
El ámbito de crecimiento próximo al suelo urbano se restringe de los 200 metros establecidos ahora con carácter general a los 100 metros y se reduce también la superficie a ocupar y el número de viviendas a construir con unas exigencias extremas.
Los denominados núcleos rurales pasan a ser considerados suelo rústico, abortando su forma de crecimiento tradicional y la posibilidad de construir vivienda unifamiliar a su alrededor.
Al mismo tiempo, el PRC y el PSOE han presentado una enmienda a la ley en la que establecen un régimen transitorio para aplazar dos años, hasta después de las elecciones, la prohibición en los municipios de más de 5.000 habitantes. Para el PP, se trata de un disparate jurídico y un fraude a los ciudadanos sin precedentes, puesto que supone aprobar en la misma ley una cosa y la contraria.
Frente a este apaño político, el PP defiende que las cosas se queden como están, que se mantenga tal y como está la regulación de 2012, aprobada por el Gobierno del PP con el voto a favor del PRC y en contra del PSOE.