La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha denunciado hoy la presión laboral que la Mancomunidad de la Costa Occidental, presidida por Sara Portilla, alcaldesa del Ayuntamiento de Ruiloba, junto con el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, de Comillas y de Udías, ha ejercido sobre una de sus trabajadoras a la que despidió como consecuencia de un expediente sancionador que la practicó el organismo al no reincorporarse a su puesto tras una incapacidad temporal que aún estaba en revisión.
El Juzgado de lo Social número 5 de Santander ha estimado la demanda interpuesta por la trabajadora contra la Mancomunidad de Servicios Costa Occidental, ha declarado improcedente el despido y ha condenado a la entidad a indemnizarla con 42.304,18 euros en caso de no querer volver a su puesto de trabajo.
La trabajadora causó baja por una incapacidad temporal durante un año y, dos días antes de reincorporarse a su puesto, presentó una nueva solicitud de baja médica al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por recaída, siendo informada por distintos medios de que no tendría que volver al trabajo hasta la resolución, aunque sería probable que se quedara sin sueldo todos esos días.
“El mismo día que supuestamente tendría que reincorporarse y no lo hizo, porque pidió una nueva incapacidad porque no se encontraba en condiciones de reincorporarse a su puesto, ya hay una solicitud de apertura de expediente disciplinario contra ella que se resuelve con la extinción de la relación laboral. El Juzgado ha declarado este despido improcedente y lo que quedado de manifiesto realmente es la falta de sensibilidad de la presidencia y la junta directiva de la Mancomunidad que han aprovechado la situación de la trabajadora para despedirla sin ninguna justificación, como ya ha quedado claro con la sentencia”, ha señalado Ángela Sobrino, responsable de Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria.
Para la federación, detrás de este caso se esconde una mala gestión por parte de la Mancomunidad de Servicios de la Costa Occidental, que adolece de medios y de personal suficiente para gestionar el servicio, y que ha querido pagar su mal hacer a costa de una trabajadora que lo único que hacía era reclamar unas buenas condiciones laborales y quejarse de la situación laboral en esta organización.
Para Sobrino, “el problema de fondo es una animadversión profunda hacia una trabajadora a la que acusaban de no trabajar. Sin embargo, el problema está en la desorganización y la descoordinación que existe, así como en la falta de medios y de personal para poder dar un buen servicio a la ciudadanía. El fallo lo han querido disimular acusando a esta trabajadora pero se trata de un serio problema de gestión por parte de la presidenta, Sara Portilla y de los demás alcaldes, Enrique Bretones, alcalde de Alfoz de Lloredo; maría Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas, y Fernando Fernández, alcalde de Udías”.
Para el sindicato, resulta reprobable que, además, se instara a la trabajadora a aceptar una reducción inasumible de jornada para que así siguiera contratada la persona que la había sustituido durante su incapacidad temporal.
“La víctima, que además era delegada de Personal, ha sufrido un acoso y derribo en toda regla. Han buscado todas las triquiñuelas para iniciar y resolver un expediente sancionador, con despido incluido, que la justicia se ha encargado de dinamitar porque era improcedente a todas luces”, ha añadido Sobrino, para quién “lo que hay que solucionar es el problema estructural que existe en esta Mancomunidad y que responde, exclusivamente, a una desorganización y a una descoordinación sin precedentes”, ha concluido.
El sindicato ya había advertido en varias ocasiones, a lo largo del expediente disciplinario, que fue una mera formalidad ante una decisión que ya tenían tomada, que el despido era completamente ilegal, instando a la Corporación a que desistiera de esta decisión.
“Ahora, la cabezonería, la falta de escrúpulos y la pésima gestión, va a suponer a los vecinos de los municipios que conforman la Mancomunidad un coste de 42.000 euros de indemnización por culpa de la presidenta, Sara Portilla, y del resto de miembros que conforman la Mancomunidad que ratificaron la decisión”, ha apuntado Sobrino.
Además, CCOO ha recordado que la conflictividad no acaba aquí, sino que por desgracia no es el único caso existente de acoso a una trabajadora de la Mancomunidad. En este sentido, el sindicato ha subrayado que ha tenido que denunciar a la Corporación ante Inspección de Trabajo y el Juzgado por vulneración de derechos fundamentales, por actuaciones contrarias a la buena fe y por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales.
Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía se vuelve a advertir que si la Mancomunidad continúa con el proceso de estabilización sin respetar los derechos adquiridos de las personas trabajadoras deberá hacer frente a cuantiosas indemnizaciones.
Imagen: Ayuntamiento de Ruiloba.