El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha vinculado los objetivos de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria aprobada esta tarde por el Parlamento regional con el respeto y garantía de los derechos humanos y con el derecho a conocer y recuperar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Ha señalado que se trata de una ley de justicia, de responsabilidad, por derecho y por las víctimas. En su intervención ante la Cámara, el vicepresidente ha vinculado la importancia de esta ley al principio de no repetición y a la lucha para garantizar las libertades.
En este sentido, ha asegurado que “el olvido no es una opción para nuestra democracia. El olvido no es una opción en los derechos humanos”. También se ha referido al trabajo del Gobierno regional para impulsar una ley que convierta a Cantabria en una tierra más abierta, más inclusiva, tolerante y respetuosa, que defienda su historia y reconozca su pasado.
En cuanto al desarrollo de esta ley, el vicepresidente ha dejado claro que “no hay bandos”, precisando que engloba a todas las víctimas.
En este sentido, ha avanzado que esta ley va a promover la realización de investigaciones para profundizar en el conocimiento de la verdad, permitiendo la localización, identificación y exhumación de los cadáveres de las víctimas existentes en las fosas comunes de Cantabria. También contempla la creación de un censo de víctimas y el desarrollo de un banco de ADN.
Entre otros aspectos que prevé esta ley, ha apuntado la retirada de los símbolos de exaltación franquista, la declaración de lugares y sendas de memoria, y la reparación y reconocimiento de los cántabros y cántabras que fueron víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Como ejemplo de estas actuaciones, Zuloaga ha avanzado que la Dirección General de Patrimonio y Memoria Histórica iniciará esta semana los trabajos de localización y, en su caso, de exhumación de cuatro nuevas fosas en Anievas, Cillorigo de Liébana, Campoo de Suso y Cieza.
De acuerdo con un informe elaborado por la Universidad de Cantabria, ha explicado, en Cantabria existen 91 fosas con más de un millar de víctimas. También ha tenido palabras de recuerdo para Eloy Campillo, primera víctima en Cantabria localizada, exhumada y cuyos restos fueron recuperados el 26 de octubre de 2019 en la sima topinoria, en Liébana, y puestos a disposición de su familia.
Respaldo social y movimiento asociativo
Además de señalar el respaldo social que ha tenido la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria para ser una realidad, Zuloaga ha destacado el trabajo que se ha llevado a cabo desde el movimiento asociativo y los colectivos de memoria histórica para que la región cuente con una ley que busca la reparación del dolor, la recuperación de la historia y la dignificación de las víctimas.
En este ámbito, ha tenido un especial agradecimiento a los colectivos de memoria que han puesto de manifiesto el peso de la represión franquista padecida por las mujeres cántabras. Tras referirse a los castigos y al papel secundario atribuido a la mujer durante la dictadura franquista, el vicepresidente ha destacado que gracias a esta ley su historia y su memoria también será recuperada.
Política autonómica
El vicepresidente ha indicado además la necesidad de impulsar una política autonómica en materia de memoria histórica que permita a las administraciones públicas hacer efectivos los derechos a conocer la verdad, aplicar el derecho de justicia para investigar los hechos de violencia, y establecer medidas individuales y colectivas de reparación.
Como aspectos concretos, ha citado facilitar a los descendientes de las víctimas actividades de indagación, localización e identificación de sus seres queridos; elabora mapas georreferenciados de los terrenos en los que se localicen los restos; adoptar medidas de conservación de dichos lugares; tomar medidas para la retirada de simbología conmemorativa de la sublevación militar, la guerra o la dictadura; realizar exhumaciones e intentar identificar los restos para permitir a las familias decidir sobre el lugar de descanso de sus familiares asesinados; y dignificar a las víctimas, reconociendo desde las instituciones la injusticia sufrida.