La UTE de Ascan-Geaser Cuida Santander, concesionaria hasta ahora del servicio de basuras del Ayuntamiento de Santander, ha interpuesto una querella criminal contra el interventor municipal, Ignacio Gómez Álvarez; la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez Fernández; y la jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible, Julia Benito Incera por presunta prevaricación administrativa en la firma de informes, como la realización de descuentos en las facturas.
En concreto, la querella criminal fue presentada el 7 de octubre y no se descarta ampliarla a todos los miembros de la Junta de Gobierno local PP-Cs que firmaron dichas resoluciones. Asimismo, la entidad va a analizar si la rescisión del contrato a través de un trámite de emergencia, llevada a cabo después de la presentación de la querella, constituye un acto de prevaricación administrativa para presentar una demanda contencioso administrativa, acompañada de una petición de una medida cautelar para la paralización de dicha tramitación.
Así lo han anunciado el presidente de Ascan, Santiago Díaz Zavala, y el director general de Ascan y Geaser –del Grupo empresarial Sadisa–, Rubén Varela.
Según Zavala, desde la empresa se han «visto obligados» a acudir a los tribunales por los acontecimientos que se han producido en los últimos dos años y medio, tras 28 años de servicio en el Ayuntamiento de Santander «sin ninguna incidencia», ha dicho, así como que esperan tener sentencias a su favor en un plazo breve de tiempo.
Asimismo, ha denunciado el trato «vejatorio» que está recibiendo la entidad que, ha recordado, es cántabra y está presente en toda España. En este sentido, ha comparado el trato «distinto» del Ayuntamiento con otras empresas, como Aqualia o la que gestiona Parques y Jardines, que han tenido «asuntos graves» judicializados con el Consistorio y no se han resuelto sus contratos.
Por su parte, Varela ha explicado que la justificación de la querella criminal presentada se remonta a las elecciones de 2019, tras la conformación del nuevo equipo de Gobierno (PP-Cs) que supuso «el punto de partida de numerosas acusaciones y de un informe del interventor municipal que no se ajusta a la realidad en muchas de las cuestiones que expone».
Fue entonces cuando se decide tramitar nueve expedientes sancionadores contra la UTE, que fueron recurridos por vía judicial y cuyas resoluciones decretan que el importe de las sanciones se reduce en un 75 %, de lo que la empresa deduce que el Ayuntamiento «no ha demostrado la gravedad de las acusaciones».
Asimismo, ha indicado que el segundo acto preparatorio para la comisión del presunto delito tiene que ver con un informe de Intervención que se estaba utilizando para realizar descuentos en las facturas de la UTE por incumplimientos del contrato.
Varela ha detallado que esta tramitación empezó en junio de 2020, por lo que «llevan 16 meses con descuentos», cuyo importe asciende a 7.000 euros al día, aproximadamente. «Nos han descontado en nuestra facturación a lo largo de este periodo más de 3 millones de euros», ha censurado.
Además, ha avanzado que el siguiente paso que va a tomar la empresa está relacionado la resolución del contrato llevada a cabo por la Junta de Gobierno Local a través de un «trámite de emergencia». Según el director de Servicios de Ascan, la rescisión de este contrato se ha producido «una semana después» de la presentación de la querella criminal y «es la primera vez en este país que se hace en las condiciones que se ha hecho en Santander».
Así, ha apuntado que la Ley de Contratos del Estado incluye tres supuestos en los que se puede acudir a este trámite de emergencia: defensa nacional, que «no es el caso»; catástrofe, que «no se aplica»; o grave peligro, que «no sabemos cómo se ha justificado, pero se ha hecho».
Precisamente, la entidad va a analizar si esta actuación es constitutiva de un acto de prevaricación administrativa y si puede tener consecuencias «para quien lo ha realizado».
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO A CESPA «A DEDO»
Varela ha subrayado que la adjudicación del servicio de basuras a la empresa Cespa –la segunda mejor puntuada en el concurso de 2012 tras Ascan-Geaser– por 16 millones de euros al año se ha hecho «sin anuncio, sin publicidad, sin pliego de condiciones», es decir, «sin reglas de juego» y, por tanto, «totalmente a dedo».
Según ha sostenido, esta adjudicación ascenderá «en números reales» a los 30 millones de euros, porque, ha dicho, «el contrato va a llegar hasta la fecha de finalización» del que tenía Ascan-Geaser, que es el 31 de agosto de 2023.
Además, ha asegurado que esta medida supondrá «muchos sobrecostes» para el Ayuntamiento, dado que tiene que pagar las inversiones, 1,5 millones de euros al año aproximadamente; es decir, «va a estar pagando 600.000 euros más al año en el servicio de limpieza y recogida» que el que pagaba a la UTE, ha dicho.
En este punto, ha añadido que para recuperar la maquinaría, el 11 de noviembre el Ayuntamiento tendrá que pagar todo lo que queda por abonar a la empresa. «Si nos quedan casi dos años de contrato, pues tendrá que darnos 3 millones de euros», ha afirmado.
Para el director general de Ascan, «hay un interés que va mucho más allá de solucionar el problema de la limpieza de Santander», y ha reiterado que «es falso» que incumplieran el contrato, como se les ha estado «acusando» desde la Junta de Gobierno en todo este tiempo.
En este sentido, ha indicado que se les ha atribuido incumplimientos que «no tienen que ver» con su contrato, como el mantenimiento de los contenedores soterrados o la limpieza de la zona portuaria y las zonas verdes.
Para Varela, el «problema» que ha detrás de una «menor» calidad de limpieza con respecto a 10 ó 12 años atrás es «exclusivamente de personal». En este sentido, ha apuntado que el pliego del contrato actual –diseñado por el PP en 2012– preveía una disminución de mano de obra de unas diez personas menos al año, mientras que Cespa contemplaba una bajada de «65 puestos de trabajo el primer día».
«Lo que menos les importa es la calidad del servicio de limpieza», ha reiterado el director, que ha añadido que a lo largo de los últimos años se ha insistido en modificar el contrato para revertir la situación, pero «no se ha querido acometer». «Nos negaron a nosotros la solución que ahora van a dar a un tercero», ha lamentado.
A su juicio, «el interés es rescindir un contrato antes de una fecha electoral para poder adjudicar un nuevo contrato ‘a quien yo quiera'». Según Varela, «el Ayuntamiento atribuye la disminución de los estándares de limpieza solo a la empresa adjudicataria y no al contrato con menor cuantía que ellos redactaron y que es el fondo de esta situación. Además lo ha hecho a través de un procedimiento de emergencia para adjudicar a dedo el contrato más importante de Santander antes de que lleguen las siguientes elecciones porque nuestro contrato acababa después de los próximos comicios».
Finalmente, ha recordado que Ascan es la sexta empresa del país en servicios urbanos y cuenta con una plantilla de 1.300 trabajadores directos, que se suman a los más de 300 empleados de Geaser y cuya cifra total del Grupo Sadisa supera los 2.000, por lo que ha advertido que estas actuaciones «ponen en peligro la economía de Cantabria».