Alrededor de 140 empresas de la región podrían concurrir al Fondo de Recapitalización de Empresas: un mecanismo de apoyo a la solvencia de medianas empresas que atraviesen dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Dotado con 1.000 millones de euros y gestionado por la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES), se trata de un instrumento de último recurso que, hasta la fecha, cuenta con 40 solicitudes formales en todo el país.
Así lo ha explicado la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, María Sánchez, durante la apertura de la jornada ‘Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por la COVID 19’, que ha tenido lugar este miércoles en la Cámara de Comercio de Cantabria.
En este marco, Sánchez ha indicado que es un programa que se une al resto de ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno de España como han sido los recursos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el mecanismo de los ERTE.
Además, ha detallado las medidas adicionales implementadas por Cantabria “para que el acceso al crédito de las empresas fuese indiscutible”. Así, las entidades de la región dispusieron de un complemento del 10 % adicional a la garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO). “También hemos ofrecido respaldo para negociar convenios con entidades financieras para adelantar las prestaciones a los trabajadores en ERTE y el aplazamiento de tributos” indicó Sánchez. “Todo ello para evitar la insolvencia y priorizar la recuperación económica”.
Asimismo, Sánchez ha recordado que han sido medidas “determinantes”, ya que han permitido inyectar liquidez en el sistema de “manera rápida y efectiva”. “Gracias a estas herramientas, las empresas y toda la cadena del ciclo productivo evitaron una suspensión de pagos generalizada, que habría conllevado importantes riesgos para el sistema financiero”, ha subrayado.
Con relación a la situación económica actual, la consejera ha asegurado que los últimos indicadores económicos publicados por el ICANE reflejan que “todos los sectores se están recuperando y ninguno se está quedando atrás”.
Un fondo para empresas viables
La consejera ha recordado que este fondo forma parte de las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la crisis sanitaria y ha subrayado que, si bien está destinado a empresas que tengan problemas en la actualidad, éstas deben ser viables en el futuro y también lo tenían que haber sido antes del inicio de la pandemia.
En concreto, este fondo de recapitalización de empresas trata de evitar la merma de solvencia económica, “como consecuencia de las pérdidas soportadas durante la época más dura de la pandemia”. Una circunstancia que, en palabras de la titular de Economía, puede desembocar en problemas serios de rentabilidad, “que comprometerían la competitividad de las empresas y su capacidad para generar riqueza y empleo”.
Colaboración autonómica
Por otro lado, María Sánchez que, durante su intervención, ha estado acompañada por el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, ha explicado que las Comunidades Autónomas han colaborado “activamente” en las medidas impulsadas por el Gobierno de España para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria en la Economía. “Nuestro propósito era doble: por un lado, evitar las insolvencias que dañasen nuestro tejido empresarial y, por otro, apoyar la recuperación en la que ya estamos inmersos”, ha señalado.
Por su parte, el presidente de COFIDES augura una limitada solicitud de ayudas para las pymes cántabras, “que están aceptablemente bien” por lo que se prevé que no lleguen ser usuarias de estos fondos.
Del mismo modo, Curbelo, ha querido poner en valor “la eficiencia de los fondos ICO que han inyectado liquidez a las empresas”, como una parte esencial de esta recuperación económica.
Este fondo de 1.000 millones de euros está destinado a empresas medianas con ventas entre 15 y 400 millones de euros, en 2019. En Cantabria, en este rango, se sitúan en torno a las 140 empresas. El fondo funciona desde hace 2 meses y ya ha recibido cerca de 200 peticiones de interés en toda España. Esa cifra se ha reducido a 40 solicitudes formales, de las cuales 30 están siendo analizadas para poder, en las próximas semanas, empezar a aprobar inversiones que oscilan entre 4 y 25 millones por proyecto. Un rango que se amplía en el caso de las pymes, que podrán recibir entre 3 y 25 millones.