La abogada del comité de empresa, Maite Ortiz, eleva la pena a siete años de cárcel.
El juicio contra los administradores de Ecomasa, Andrés de León y Manuel Jesús Lavín, por presuntos delitos de falsedad contable y administración desleal al frente de esta sociedad, se celebrará los días 22 y 23 del próximo mes de noviembre.
Así lo señala el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander en una resolución dictada este 19 de julio, y contra la que cabe recurso de reposición en el plazo de los tres días siguientes a la notificación. También se establece que la vista se celebre a las 9 horas en la sala de vistas número 2.
De esta manera, Lavín y De León volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez en la vía penal, como presuntos autores de los citados delitos en esta sociedad, que recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fallida fábrica de estufas del polígono de La Cerrada, en Maliaño, y recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales, el grueso en la legislatura 2011-2015.
La causa llega a los juzgados de lo Penal después de que en junio de 2020 el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander acordara la apertura de juicio oral e impusiera a los administradores de Ecomasa World Investment (EWI) una fianza de 4,26 millones de euros para cubrir las posibles indemnizaciones a las que tuvieran que hacer frente. Tanto la Fiscalía como la empresa pública Sodercan y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) han solicitado cuatro años y medio de prisión para cada uno de los acusados.
Por su parte, la abogada del comité de empresa, Maite Ortiz, eleva la pena a siete años de cárcel por los mismos delitos al apreciar continuidad delictiva en ambos.
Todas las acusaciones reclaman también, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de casi 3,2 millones de euros que habrán de integrarse en la masa del concurso de EWI para atender las obligaciones pendientes de ésta, incluidas las referidas al ICAF y a Sodercan, que durante un tiempo entró en el accionariado y formó parte del consejo de administración.
Los trabajadores de la fallida empresa de estufas de La Cerrada fueron quienes iniciaron la vía penal contra los dueños de EWI para intentar recuperar, sin conseguirlo, los tres millones de euros de sus indemnizaciones por despido de Teka.
Al procedimiento penal se sumó más tarde el Gobierno de Cantabria, a través de Sodercan y el ICAF.
El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a EWI en septiembre de 2015, y un mes más tarde Sodercan interpuso denuncia ante la Fiscalía. Dicho juzgado declaró culpable el concurso en abril de 2019 por retraso en la solicitud del mismo e inhabilitó a De León y Lavín.
En noviembre de 2020, la Audiencia de Cantabria confirmó el concurso culpable de Ecomasa y la inhabilitación de los tres responsables de la empresa (además de Lavín y De León el también administrador Antonio Hernández Molina). Sin embargo, estimó una de las pretensiones de De León por la declaración culpable y le eximió del pago de una indemnización de 39.658 euros por daños y perjuicios.
Imagen: Ignacio Diego con Andrés de León y Jesús Lavín, en Nestor Martin.