Santoña (28 viviendas), Jesús Gullart; Laredo (37 viviendas), Miguel Gónzález; Torrelavega (42 viviendas), Javier López Estrada; Polanco (30 viviendas), Rosa Díaz; y Santa Cruz de Bezana (36 viviendas), Carmen Pérez; Reinosa (39), José Luis López Vielba
El Gobierno de Cantabria ejecutará 212 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible a través de un procedimiento público-privado, que generará al Ejecutivo autonómico un ahorro de 17,3 millones de euros, «un montante que se destinará a seguir aumentando el parque público de vivienda en la Comunidad».
Según ha explicado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, estas viviendas forman parte del primer Plan anunciado por la presidenta Buruaga para la construcción de 285 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible.
En este caso, tal y como ha explicado, estos 212 inmuebles no serán financiados al 100% por la empresa pública Gesvicán, sino que se utilizará un procedimiento público-privado en el que el Gobierno de Cantabria continuará controlando el precio del alquiler y el acceso de los inquilinos a estas viviendas, que se llevará a cabo en las mismas condiciones que en el resto de promociones públicas.
Para ello, la empresa pública Gesvicán, sacará a concurso público en los próximos días un procedimiento de adjudicación del derecho de superficie para la construcción de 212 viviendas en seis municipios distintos. La empresa que resulte adjudicataria de ese derecho de superficie, por un periodo de 50 años, será posteriormente la encargada de redactar los proyectos, pagar licencias y construir las viviendas. Durante este tiempo, además, la adjudicataria tendrá la obligación de mantenerlas en estado óptimo y devolverlas al gobierno al cumplirse ese plazo.
«Los precios del alquiler estarán regulados por la Administración y nosotros pondremos a disposición de la empresa que lo gestione la lista de espera que tenemos para acceder a una vivienda pública», ha afirmado Media, al tiempo que ha asegurado que cada uno de los contratos que se firme pasará el control y la verificación de la Dirección General de Vivienda por ser viviendas protegidas.
Estas 212 viviendas en régimen de alquiler asequible se construirán en seis ayuntamientos: 42 en Torrelavega en la zona del Valle, en Sierrapando; 39 en Reinosa, en el solar de la Antigua Clínica en la Avenida Castilla; 37 en Laredo, en el sector IV del PGOU; 36 en Santa Cruz de Bezana, en la Avenida de la Libertad en Mompía; 30 en Polanco, en el Barrio Mijares de Rumoroso; y 28 en Santoña, en la calle Celestino del Piélago.
El consejero ha asegurado que con esta fórmula «mantenemos nuestro compromiso de poner nuevas viviendas en el mercado del alquiler, con excelentes calidades, así como los criterios de acceso que serán los mismos que en cualquier vivienda pública».
Entre los beneficios de esta colaboración público-privada, el consejero ha desatacado que permitirá aumentar el actual parque público de vivienda en la región un 53%, así como no destinar «de golpe» todos los recursos públicos para seguir invirtiendo en políticas de vivienda pública.
17,3 millones de ahorro
El consejero ha recordado que la inversión total para la construcción de estas 212 viviendas protegidas será de 34.735.825 euros. De este montante, casi un 30%, 9.734.715 euros, será financiado a través de fondos europeos. Con esta colaboración público-privada, el Gobierno de Cantabria pasará de financiar el 72% de la actuación a financiar un 22%.
En concreto, el Ejecutivo autonómico destinará un total de 7.711.480 euros, lo que supondrá un ahorro de casi 17,3 millones de euros «que se destinarán a seguir aumentando el parque público de vivienda en alquiler asequible».
Además, la aportación del Gobierno de Cantabria se llevará a cabo durante los siguientes 10 años desde la fecha en la que se finalicen los edificios, aportando anualmente 771.148 euros, «una cantidad asequible» según Media, que se incluirá cada ejercicio en los presupuestos.
Por su parte, el adjudicatario final de este concurso aportará el 49,78% de la inversión total, ocupándose de la redacción de los proyectos, el pago de las licencias y la explotación y mantenimiento de estas viviendas durante 50 años, que deberá devolver pasado este tiempo al Gobierno de Cantabria «en perfecto estado de conservación».
«Este modelo llega para quedarse», ha asegurado Media, quien ha explicado que esta fórmula se ha implantado en «prácticamente todas las comunidades autónomas de todo signo político» y que cuenta con el aval de Europa y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como con el apoyo del Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Estado, que ha articulado una línea de crédito de 4.000 millones de euros en préstamos para promotores tanto públicos como privados de este modelo.
En este sentido, el consejero se ha referido al Real Decreto por el que se regulan estos fondos europeos que recoge que este tipo de promociones podrán ser financiadas en su totalidad por los promotores públicos si bien, prioritariamente, deberán promoverse fórmulas de colaboración público-privada que optimicen la utilización de los fondos públicos.
El consejero ha asegurado que su departamento continuará apostando por explorar todas las fórmulas posibles que consigan aumentar el parque de vivienda pública y hacer crecer la actual oferta en el mercado. «Solo así conseguiremos regular los precios y permitir que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a una vivienda digna a precios más asequibles», ha expresado.
También ha mostrado su intención de continuar trabajando con todos los ayuntamientos para impulsar nuevas iniciativas que permitan la construcción de más vivienda protegida. «No vamos a cesar en nuestro empeño», ha afirmado Media, en relación al objetivo del Gobierno de Buruaga de «proporcionar a los ciudadanos el máximo número de viviendas dignas y asequibles, en el máximo número de ayuntamientos».
El consejero ha finalizado su intervención asegurando que espera acabar la legislatura, «como mínimo«, con el doble de viviendas protegidas de las que actualmente existen en el parque público de Cantabria.
Durante la rueda de prensa, Media ha estado acompañado por el director general de Vivienda y Arquitectura, Carlos Montes; el gerente de Gesvicán, Carlos Gala; y los alcaldes de Santoña, Jesús Gullart; Laredo, Miguel Gónzález; de Torrelavega, Javier López Estrada; Polanco, Rosa Díaz; y Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez. Por su parte, el alcalde de Reinosa, José Luis López Vielba, no ha podido acudir por motivos de agenda.
Los regidores municipales han agradecido a la Consejería su apoyo y colaboración para llevar a cabo estos proyectos y han coincidido en mostrar su satisfacción por este tipo de iniciativas que dan respuesta a una de las grandes preocupaciones de la sociedad cántabra, como es la vivienda.
Viviendas públicas ejecutadas por Gesvicán
Además de estas 212 viviendas que serán construidas a través de este modelo público-privado, el consejero se ha referido a las otras 73 viviendas que serán financiadas al 100% por Gesvicán, y que forman parte del primer plan de vivienda pública integrado por 285 viviendas y anunciado en esta legislatura por la presidenta Buruaga.
Media ha recordado que ya se han iniciado las obras de 3 promociones a través de esta empresa pública. En concreto, 8 viviendas en Santillana del Mar, 19 viviendas en Reinosa y 3 viviendas en Orejo, en Marina de Cudeyo. Además, ha explicado que durante estos días se están valorando las ofertas presentadas al concurso de redacción de los proyectos arquitectónicos para otras tres actuaciones. Dos en Torrelavega, que suman 15 viviendas en el Zapatón y 12 más en la Inmobiliaria y 8 en Liencres.