«Se quiere defender la igualdad de los cántabros y frenar el abuso que supone esta ley»
El Parlamento de Cantabria ha recurrido la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional (TC) cumpliendo así el acuerdo que en este sentido aprobó el pleno del 24 de junio a la propuesta del PP, con el apoyo de Vox, la abstención del PRC y el voto en contra del grupo socialista. La presidenta de la Cámara, María José González Revuelta, ha explicado que el recurso, que se presentó el pasado viernes, denuncia una ley que «vulnera el principio de igualdad entre los españoles”.
La Ley Orgánica de 10 de junio de 2024 fue aprobada por el Congreso de los Diputados y amnistía a quienes participaron en las actividades que condujeron a la proclamación de independencia de Cataluña en 2017. Se trata de la segunda vez que en la historia del legislativo cántabro que se presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional, lo que evidencia “la excepcionalidad y trascendencia” que tiene esta decisión, ha dicho. Según ha señalado González Revuelta, “con este recurso se quiere defender la igualdad de los cántabros y frenar el abuso que supone esta ley. Una ley que entendemos que no cierra heridas, que no deja atrás una etapa, que no supera ningún conflicto, sino que lo perpetúa», ha indicado.
El recurso que ha planteado el Parlamento de Cantabria ante el TC denuncia la vulneración del principio de igualdad entre los españoles y “libera de responsabilidad política a delincuentes por su ideología eximiéndoles de cumplir la ley”, según ha manifestado la presidenta. El recurso contra la ley de amnistía de la Cámara cántabra se basa en argumentos como la vulneración del principio de igualdad, el no reconocimiento de la amnistía en la Constitución, irregularidades en el procedimiento legislativo y la inseguridad jurídica. González Revuelta ha recordado que la Constitución española prohíbe expresamente los indultos generales, “lo que demuestra el rechazo de los constituyentes a este tipo de medidas”.
También ha destacado que el proceso de aprobación de la ley no cumplió con todos los requisitos legales, como la falta de designación de una ponencia para informar sobre el texto de la proposición de ley, “lo que supone una vulneración de los derechos de participación democrática”. Además, según la presidenta, la ley recurrida carece de seguridad jurídica porque incumple varios requisitos exigibles a las leyes penales. González Revuelta confía en que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso y atienda los argumentos del Parlamento, que tiene la obligación, ha dicho, de actuar en defensa de los derechos de los ciudadanos cuando sean vulnerados.