«José Antonio piensa que el propietario está muy mal asesorado o hay algo que nos oculta«
El pasado jueves, 22 de agosto de 2024, sobre las nueve de la noche, se personaron en la vivienda de José Antonio y su familia, en Mortera de Piélagos, un grupo de cuatro individuos, que dijeron hablar en nombre del propietario de la casa en donde vive en régimen de alquiler desde 2011. Estos individuos son miembros de la empresa “Antiokupa Norte S.L.”, empresa de Santoña dedicada a “estorsionar, coaccionar y amenazar” a las familias vulnerables en riesgo de desahucio, según la Red Antidesahucios.
José Antonio corrobora esa forma de proceder: “Me conminaron a que debía abandonar de forma inmediata mi vivienda. Y que si no dejaba la casa, me harían un ‘control de acceso’ y me ocuparían el inmueble una vez que quedara vacío. También me entregaron un documento en donde renunciaba a la posesión, para que lo firmara”.
“Eran chicos jóvenes con una actitud muy agresiva y amenazadora. Yo les dije que no eran formas y que ese tipo de amenazas y coacciones podrían ser constitutivas de delito. Somos dos personas jubiladas y enfermas. Resulta absurdo que venga un grupo de estas características a amedrentar de esa forma a a una pareja de jubilados enfermos como nosotros”, expresa José Antonio.
Como consecuencia, la familia presentó denuncia en el juzgado de guardia de Santander. En la denuncia se describen los hechos ocurridos del jueves y el acoso que llevan sufriendo desde mediados de 2023. En el escrito se acusa al propietario y a los miembros de Antiokupa Norte de hasta siete delitos, pero los principales son amenazas, coacciones y organización de grupo criminal.
En abril de 2023 empezó el acoso
José Antonio y su familia residen en Mortera (Piélagos) desde hace 13 años y medio, según contrato de arrendamiento suscrito en 2011. La familia la forman José Antonio, Ana y su hija. Jose Antonio tiene 73 años, es diabético y enfermo crónico de cáncer. José Antonio está jubilado y ha sido periodista desde los años 70 en Madrid y Bruselas. Ana, su pareja, tiene 69 años, sufre problemas psiquiáticos y padece una discapacidad del 65 %. Y su hija tiene 30 años y está desempleada. La familia en su conjunto sobrevive de dos pequeñas pensiones y son personas vulnerables según las diferentes normativas existentes.
En el año 2011 firmaron el contrato de arrendamiento con una duración de un año, que fue renovándose cada año ya que existía una cláusula en el contrato que permitía la renovación automática sine die. Durante casi 13 años estuvieron residiendo sin ningún tipo de problema y pagando religiosamente las cuotas de alquiler de 640 euros. Pero en el mes de abril de 2023 empezaron a recibir presiones del propietario, José Gomez Cuerno, empresario de la construcción y antiguo ejecutivo de la promotora Triguero. El propietario inicialmente parecía que quería la vivienda para su uso personal pero, al poco tiempo, les solicitó una cuota abusiva, con un incremento del 50%, de cerca de 1.000 euros. Después, les ha venido presionando en numerosas ocasiones, según el propio afectado, con todo tipo de amenazas, coacciones y estorsiones. Por ejemplo, el 1 de diciembre de 2023, Gómez Cuerno procedió a dar de baja el suministro de agua de su vivienda. A sabiendas de que había personas mayores residiendo en la misma con problemas de salud. De hecho, desde entonces, la familia se ve obligada a utilizar garrafas de agua, que traslada desde una fuente cercana para asegurarse el consumo mínimo de agua potable. Gómez Cuerno fue denunciado por ello pero fue absuelto porque existía una supuesta y rídicula deuda de 5 euros mensuales aproximadamente por el suministro que nunca fue requerida y que contravenía el contenido del contrato de alquiler. Y el ayuntamiento de Piélagos no ha querido reponer el suministro, incumpliendo varias leyes, porque el propietario no lo autoriza. Para Roberto Mazorra, portavoz de la Red Antidesahucios, lo que ha hecho el Ayuntamiento con la familia de José Antonio, “es una absoluta infamia y una inmoralidad, además de ser manifiestamente ilegal”.
Además, desde hace meses, la familia recibe llamadas de números desconocidos que no atienden. Y en la última semana, concretamente, desde que se personaron los individuos de Antiokupa Norte se reciben decenas de llamadas todos los días con número oculto.
La demanda que nunca llega
José Antonio piensa que el propietario está muy mal asesorado o hay algo que nos oculta: “Nosotros siempre hemos recibido al propietario y hemos mostrado nuestra mejor disposición y voluntad, a pesar de sus modos y actitudes. En ningún momento nos hemos negado a negociar un nuevo contrato de alquiler, pero siempre que la subida sea razonable y de acuerdo con la ley actual de vivienda. De hecho, a pesar de todo, estuvimos pagando el alquiler hasta marzo de 2024. Pero recibimos una notificación de embargo por deudas del propietario y los últimos meses lo tuvimos que ingresar en una cuenta del Ayuntamiento de Piélagos. Por eso, después de la negativa del Consistorio a reponer el suministro de agua, nos pareció que no podíamos seguir haciendo el tonto. Pero hay algo extraño en el comportamiento de Gómez Cuerno porque a día de hoy todavía no ha presentado demanda alguna. Y no creo que sea sólo por los pufos y los embargos que tiene”.
La Red Antidesahucios y la propia familia creen que, por el contenido del contrato de alquiler y la larga duración del mismo, podrían tener una serie de derechos que, en cualquier caso, deberían ser dirimidos ante un juez. Pero para ello es preceptiva la presentación de la oportuna demanda. Y esa demanda no se ha presentado hasta el momento. Y se preguntan por qué.
Un caso de ‘mobbing inmobiliario’
Roberto Mazorra, portavoz de la red antidesahucios, comenta que lo que está pasando con la familia de José Antonio no es nuevo: “Anteriormente, hubo tres o cuatro casos en Cantabria, yo mismo lo he sufrido, pero lo que está padeciendo José Antonio cumple todos los criterios y fases del llamado ‘mobbing inmobiliario’, que es un tipo de violencia que propietarios y empresas de macarras como Desokupa o la que opera aquí, Antiokupa Norte, ejercen contra familias especialmente vulnerables para provocar que abandonen su vivienda. Y suelen hacerlo contra familias con miembros de avanzada edad por motivos obvios. Se empieza con presiones, llamadas de teléfono, después se pasa a las coacciones y amenazas, cortes de suministros, etc., y se va avanzando hasta la llegada del grupo de matones de turno para intimidar y amedrentar a los afectados. El problema es que demasiadas veces la justicia no hace nada”.