«Hoy ponemos al servicio de la sociedad de Cantabria el mayor esfuerzo de simplificación que haya hecho nunca la Administración de nuestra Comunidad«
La presidenta de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, ha presentado, en rueda de prensa, el anteproyecto de ley de simplificación administrativa que convertirá a Cantabria, según ha dicho, «en una de las comunidades con menos burocracia de España», al introducir reformas legales que reducen las trabas administrativas, como es el caso de la generalización del silencio positivo y de la declaración responsable, e implanta otras medidas de dinamización económica: la unidad de mercado y la declaración de proyectos estratégicos que llevarán asociados una serie de efectos positivos y la reducción de los plazos a la mitad.
Tras la publicación en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de la correspondiente resolución, el documento normativo ha salido hoy a información pública con el fin de contar con la participación y las sugerencias de administraciones, empresas y ciudadanía. «Hoy ponemos al servicio de la sociedad de Cantabria el mayor esfuerzo de simplificación que haya hecho nunca la Administración de nuestra Comunidad. Un plan reformista y valiente. Una ley tractora y de las más avanzadas del panorama», ha subrayado la presidenta en el acto de presentación de la norma, que ha calificado como una ley «de todos y para todos» y con la que se da cumplimiento a uno de los principales compromisos de la legislatura.
Y es que la futura ley de simplificación administrativa, que el Gobierno espera llevar al Parlamento en el próximo periodo de sesiones, introduce dos grandes bloques de medidas. El primero, de carácter transversal y «de gran impacto» en toda la administración pública, como ha señalado Buruaga, y un segundo bloque que implica modificaciones concretas de hasta 41 normas regionales y un total de 159 mejoras en procedimientos.
En palabras de la presidenta, con esta norma Cantabria «alumbra un importantísimo instrumento», «recupera el tiempo perdido» y se coloca «en el grupo de cabeza«, tras lo que ha destacado su especial potencial como «herramienta de colaboración» con empresarios y autónomos. «Queremos ser un imán para la inversión (…). Un Gobierno proactivo que impulse el talento, acompañe a las empresas y abra las puertas a quienes quieran emprender e invertir en esta región», ha subrayado.
Buruaga ha resaltado además el ámbito de aplicación de la futura ley, que se extenderá a toda la Administración autonómica y a su sector público institucional (entidades públicas y empresas), así como a la administración local. Según ha dicho, «todos hemos de evolucionar en la misma dirección para transformar el funcionamiento interno y conseguir efectos reales».
Principales medidas transversales y económicas
La presidenta ha detallado en su intervención ante los medios de comunicación el grueso de las reformas y medidas que introduce la primera ley de simplificación administrativa de Cantabria. El primer bloque se compone de un conjunto de medidas de carácter transversal, diseñadas para agilizar los procedimientos y facilitar una gestión más eficiente de los recursos, tales como el deber de las administraciones de promover la simplificación, la implantación del silencio administrativo positivo, la utilización con carácter general de la comunicación y la declaración responsables en sustitución de las licencias y autorizaciones, la gestión coordinada de procedimientos y la simultaneidad de trámites y emisión de informes, la conservación de trámites administrativos previos, la regulación de las entidades colaboradoras de certificación y la utilización general de herramientas informáticas para la gestión a través de expedientes electrónicos. Junto a todo ello, se añade la posibilidad de poder continuar con la tramitación del procedimiento administrativo- incluida su resolución y finalización– cuando un órgano no haya emitido en plazo un informe que es preceptivo, pero no vinculante.
Además, se prohíbe de forma expresa exigir al interesado la presentación de documentos que no son necesarios o que ya obran en poder de la Administración; se simultanean las solicitudes y el devengo de tasas, cuando sea obligatorio el pago de la misma, y se incluye, como novedad, el pago a través de móviles directos (bizum).
La presidenta cántabra ha considerado «una auténtica revolución» la reducción mínima de la intervención de la administración para el acceso o ejercicio de una actividad, al preponderar la declaración responsable y la comunicación con la única excepción de que la normativa europea o del Estado lo exija. «La declaración responsable que cumple con todos los requisitos habilita al particular para el inicio de la actividad o la apertura del establecimiento, sin tener que esperar a una licencia o autorización», ha destacado Buruaga.
Igualmente, la norma introduce la figura de las entidades colaboradoras de certificación para dar mayor garantía y seguridad jurídica a los trámites. Colegios profesionales o personas jurídicas legalmente constituidas, previamente acreditadas por la Administración, podrán certificar la verificación de la documentación que los interesados deban presentar ante las administraciones públicas. La ley consagrará también el principio de unidad de mercado de tal forma que las disposiciones, actos y medios de intervención relacionados con la actividad económica en el resto del territorio nacional, tendrán eficacia y serán válidos en Cantabria sin necesidad de nueva autorización.
Se trata, en palabras de Buruaga, de «otra barrera derribada para hacer de Cantabria una tierra abierta, próxima y atractiva a la actividad económica y dispuesta al desarrollo y progreso de manera ágil y eficaz». En el ámbito económico, también se crea un marco de tramitación preferente para fomentar la actividad productiva y el empleo, mediante la declaración de inversiones empresariales de carácter estratégico y la creación de una oficina aceleradora de proyectos.
La declaración de interés estratégico llevará asociada una serie de efectos positivos, como el impulso preferente en la tramitación, la reducción de plazos a la mitad en los procedimientos para obtener las autorizaciones necesarias para su ejecución, preferencia para acceder a incentivos a la inversión y a líneas de financiación y avales, junto a la posibilidad de articular subvenciones en régimen de concesión directa, entre otros.
Reformas legales
El segundo bloque de la Ley introduce modificaciones concretas de 41 normas de nuestro ordenamiento jurídico y un total de 159 mejoras en procedimientos relacionados con gran variedad de materias. En concreto, se modifican leyes (21), decretos (16) y órdenes (4), a requerimiento de la propia ley de simplificación.
Finalmente, completan este cuerpo legal asuntos en materia de transformación digital, no sólo la Administración electrónica sino también sobre inteligencia artificial al servicio de la simplificación y agilización de trámites. Se incluye un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la misma. Por último, la presidenta ha solicitado la implicación y la colaboración activa de la ciudadanía, administraciones públicas y tejido empresarial durante la apertura del periodo de información pública, que se mantendrá abierto hasta el 17 de septiembre. El objetivo es que aporten su visión en esta nueva norma, especialmente a empresas y colegios profesionales, como entidades colaboradoras en todas estas nuevas tareas. «Esta ha de ser una ley de todos y para todos», ha concluido.