«No hay indicios de estafa, falsedad, ni usurpación»
El Comité Local del PRC en Santa María de Cayón ha exigido hoy al Partido Popular que pida disculpas públicas al presidente de la Junta Vecinal de La Penilla, Jesús Alonso, por la «difamación» a la que fue sometido en la última campaña electoral a causa de la disputa con un particular a causa del aprovechamiento forestal de un monte propiedad de la entidad, una vez confirmado por un auto judicial que su actuación fue «perfectamente legal», ya que todo lo que hizo fue «defender los intereses de su pueblo».
La agrupación regionalista ha dado a conocer hoy el auto judicial por el que se desestima el recurso de apelación contra la decisión de la Junta Vecinal, al entender que «no hay indicios de estafa, falsedad, ni usurpación» en la actuación de La Penilla. Este litigio, originado tras una revisión de las concesiones de explotación de los recursos madereros de los montes patrimoniales de la localidad, fue utilizado «con mala fe y fines políticos» por el Partido Popular, que llegó a acusar al pedáneo de vender un aprovechamiento forestal de propiedad privada y acusarle de un delito de estafa, cuando «lo único que hizo fue defender los intereses del pueblo y no ceder a las peticiones particulares, por entender que no tenían sostén legal, como finalmente ha quedado demostrado en un Auto de la Audiencia Provincial».
Por ello, ha exigido al que fuera representante del PP en la Junta Vecinal y concejal en Cayón, Oliver Trespalacios, y al actual portavoz municipal, Francisco Viar, que «pidan perdón» por el «daño moral irreparable» que supuso para el presidente vecinal la difusión que alcanzó «el bulo con el que le imputaron un delito de estafa».
El PRC ha recordado que tanto Jesús Alonso como la portavoz municipal, Ana Obregón, defendieron siempre que la Junta Vecinal no debía entregar el dinero correspondiente al aprovechamiento forestal en cuestión porque «le correspondía al pueblo de La Penilla«. «Ahora se demuestra que teníamos razón y que el pedáneo actuó como debía, en defensa del interés público y sin ceder a ninguna presión particular injustificada», ha concluido.