Todo esto se podría haber evitado de haber hecho caso al escrito que el sindicato presentó en 2022
El servicio jurídico de CSIF Cantabria ha logrado una sentencia favorable del Juzgado de lo Contencioso Administrativo No3 de Santander que condena al Ayuntamiento de Santander a reconocer el derecho al permiso de paternidad de un policía local al que, además, deberá indemnizar con 3.000 euros por rechazar la solicitud que el trabajador municipal había cursado en noviembre de 2022.
El recurrente, Policía Local del Ayuntamiento de Santander, solicitó el disfrute del permiso de paternidad en forma y plazo atendiendo a las condiciones especiales de su horario laboral; sin embargo, dicha solicitud fue rechazada alegando que “En atención a las disposiciones recogidas en la vigente instrucción de personal de fecha 21 de octubre de 2022 de disfrute del permiso de maternidad y paternidad de manera interrumpida, una vez cumplida la semana del 01 a 07 de mayo de 2023, le quedaría un saldo positivo de 42,5 horas. Por lo tanto, constando las posteriores interesadas (12 al 18 de junio, 03 al 09 de julio, 24 a 30 de julio, 14 a 20de agosto y 04 a 10 de septiembre de 2023) con una jornada de 71,5 horas de trabajo, no se puede acceder a lo solicitado, pudiendo con el saldo indicado solicitar una semana de las denominadas cortas”.
Tras esta respuesta, el agente interpuso un recurso contencioso en el que ahora la justicia le da la razón al reconocer su “derecho a disfrutar del periodo pendiente”, que estima en 28 días. La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, anula la resolución recurrida por el trabajador ya que, según la jueza, “lo que reclamaba el solicitante se ajusta a los requisitos contemplados en la norma”, por lo que “no resulta aplicable la instrucción que invoca el ayuntamiento” por diferentes razones: primero, porque “se dicta con posterioridad al nacimiento del hijo”, y, segundo, por “introducir requisitos que no se contemplan” en la ley. En este sentido, recuerda que “no se introducen condicionantes, excepciones o limitaciones en los casos de jornadas especiales, por lo que el ayuntamiento no puede introducirlas”. Además, establece una indemnización de 3.000 euros «por los daños causados al no poder solicitar a la Seguridad Social la prestación de dicho permiso por periodo de 28 días, estando exenta fiscalmente dicha prestación».
El Consistorio santanderino tendrá que hacerse cargo de las costas que limita “en la cantidad de 800 euros” por todos los conceptos regulables.
Según han explicado desde la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Santander, la justicia ha fallado en favor de los trabajadores ya que el disfrute del permiso de paternidad es un derecho de todos los trabajadores y es fundamental para poder conciliar la vida familiar. Por ello “valoramos muy positivamente” la resolución de este caso, aunque todo esto se podría haber evitado de haber hecho caso al escrito que, en este sentido, el sindicato presentó en 2022 para revocar una instrucción del Ayuntamiento con el fin de evitar «un aluvión de procedimientos judiciales con el coste que ello conlleva».