La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado hoy, junto al consejero de Salud, César Pascual, el Plan Integral de Listas de Espera, un documento «serio, realista y de gran calidad técnica», que prevé una inversión pública de 65 millones de euros en tres años, para hacer frente a la «gran prioridad» de este Ejecutivo y solucionar la «desbocadas» listas de espera, con 18.050 cántabros esperando una operación quirúrgica.
«Vamos a poner el sistema al máximo rendimiento sin escatimar un euro. Vamos a destinar todos los recursos necesarios y más para que los cántabros reciban la atención sanitaria que necesitan y que merecen», ha asegurado la presidenta, que ha rechazado «las varitas mágicas» para solucionar problemas de esta magnitud –»la realidad ha resultado ser peor que cualquier posible estimación»-, y ha abogado por adoptar «buenas recetas», en la línea de las que asumió en la legislatura 2011-2015 cuando era titular de la Consejería de Sanidad.
«Hace falta planificación estratégica, una gestión eficiente respaldada con un presupuesto y suma de esfuerzos con los profesionales, porque sin su implicación no es posible reducir las listas de espera», ha señalado la presidenta, que ha anunciado 65 millones de euros de inversión en tres años. El Plan contempla un presupuesto de 55 millones de euros en tres años a los que se suman 5 millones de euros a partir del segundo ejercicio para retribuir a los profesionales médicos en función de la productividad.
«Vamos a mejorar y optimizar el rendimiento de nuestra sanidad pública en la actividad ordinaria», es decir, la que hay por las mañanas, y «también vamos a trabajar más y a multiplicar la actividad extraordinaria de tarde». Además, el sistema sanitario público tendrá «como línea de apoyo y en la medida que sea necesario» las derivaciones a la sanidad concertada, «siempre bajo el criterio de complementariedad», según ha explicado la presidenta.
El «ambicioso» objetivo que se plantea el Gobierno es alcanzar en 2026 una demora media de 80 días en la lista de espera quirúrgica, 40 días para primera consulta y 30 días en pruebas diagnósticas. Como objetivos anuales se prevé cerrar 2024 con una demora media de 135 días para una intervención quirúrgica, 70 días para una consulta y 45 días para una prueba diagnóstica, y 2025, con una demora media de lista de espera estructural inferior a 100 días para una operación quirúrgica, 50 días para una primera consulta y 40 días para pruebas diagnósticas.
Para llegar a esas cifras, según ha precisado la presidenta, será necesario realizar 24.100 intervenciones quirúrgicas más, atender 61.000 consultas más y realizar 71.000 pruebas diagnósticas más en tres años.
Una de las principales preocupaciones de los cántabros y la gran prioridad del Gobierno
Buruaga ha destacado que «este Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados» ante unas listas de espera, «que se prolongan más allá de lo personal, social y clínicamente razonable» y que constituyen «una de las principales preocupaciones de los cántabros» y «también la nuestra».
De hecho, el Ejecutivo que preside ya ha puesto en marcha algunas medidas que han conseguido revertir la tendencia de ocho años de incrementos continuados en las listas de espera de Cantabria.
El pasado mes de octubre, este registro marcó «un punto de inflexión», «todavía insuficiente», según ha valorado la presidenta, «pero muy relevante en apenas 3 meses» con un incremento de la actividad quirúrgica y un descenso progresivo del número de pacientes en lista de espera y de la demora media.
Fue el resultado de las medidas que ha puesto en marcha este Gobierno «poco después de llegar», desbloqueando el conflicto médico que duraba 8 meses y suscribiendo en acuerdo con los profesionales que ha permitido retomar la actividad extraordinaria en los hospitales públicos, paralizada desde 2023.
Además, según ha recordado la presidenta, el Gobierno «desatascó y licitó el nuevo marco quirúrgico para reactivar las derivaciones a centros concertados suspendidos por el anterior Gobierno». Con ello, el Ejecutivo demostró, en palabras de Buruaga, «que las listas de espera se pueden revertir si se toman medidas».
El Plan
El consejero de Salud, César Pascual, ha detallado el contenido de este Plan, que se ha diseñado en un proceso «largo, costoso, de planificación y con metodología de investigación», contando con las gerencias y los profesionales, con objetivos anuales y «hospital por hospital», analizando la demanda en los próximos años, la actividad asistencial y previendo «qué es lo que hay que hacer cada año para cumplir el plan».
Pascual ha explicado que el Plan prevé aumentar 24.100 intervenciones quirúrgicas, 12.400 en los propios centros del SCS y 11.700 en régimen de concierto. Además, se plantea un incremento de 61.000 consultas y realizar 71.000 pruebas diagnósticas adicionales. Se establecerán para llegar a ello contratos de gestión, «una herramienta que no existía en Cantabria», pero que será donde se fijen los objetivos anuales para las listas de espera, primera consulta, y pruebas diagnósticas y terapéuticas con el fin de reducir, en todos ellos, el tiempo de demora y espera media y máxima, así como el número de pacientes pendientes de atención hospitalaria.
El Plan prevé una inversión de 55,17 millones de euros en 3 tres años, que se elevarán hasta 65 millones de euros, contando con 5 millones de euros adicionales a partir del segundo año para cubrir la productividad variable asociada a los objetivos del contrato de gestión.
Cuenta con 8 líneas estratégicas, que abordan las medidas organizativas y de gestión, como la creación de un registro unificado de listas de espera, y medidas de mejora de la organización institucional y de la gestión de los procesos administrativos, a través de la mejora de la organización de la gestión de las listas de espera, de los registros y sistemas de información, y de la gestión administrativa de las listas de espera.
Como tercer eje, recoge actuaciones sobre la actividad y la lista de espera quirúrgica, con medidas como la elaboración de un catálogo centralizado de procedimientos quirúrgicos, la potenciación de la cirugía mayor y menor ambulatoria, la protocolización de los preoperatorios, y la definición de procesos graves que deben contar con protocolos y/o guías clínicas, entre otras. Además, se actuará para optimizar y aumentar la eficiencia de los recursos sanitarios públicos disponibles. Para ello, entre otras medidas, se aplicará la ampliación de la jornada de actividad quirúrgica, se implantarán sistemas de retribución variable de cumplimiento de objetivos y se implantarán pactos de gestión normalizados en todos los centros.
También se abordará la mejora de la gestión e información de las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas, y se adecuará la demanda y optimización de los rendimientos de consultas externas y pruebas diagnósticas, estableciendo sistemas de retribución variable vinculados a la accesibilidad, implantando pactos de gestión normalizados para el desarrollo de la actividad extraordinaria e implantando nuevos modelos de gestión clínica en la actividad ambulatoria de servicios y unidades. La línea estratégica 7 se refiere a la actividad complementaria en los centros concertados, avanzando en la planificación de la actividad quirúrgica programada y concertada y en la planificación de la actividad de pruebas diagnósticas programadas y concertadas, y el octavo eje garantiza la información a los ciudadanos sobre las listas de espera.