La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha anunciado que el Gobierno de Cantabria y todos los sectores implicados comenzarán, el próximo 27 de noviembre, los trabajos para conseguir el Pacto para la Justicia, que revierta la situación de extrema gravedad que tiene la Justicia en Cantabria y consiga la recuperación del respeto institucional y la correcta relación de los profesionales.
«Tenemos mucho que hacer», ha explicado Urrutia, porque se avecinan tiempos de cambio en la Justica, que acarrearán las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital, cuyo objetivo ha de ser la mejora en el funcionamiento de un servicio público, que ha calificado de «esencial para los ciudadanos, para el mantenimiento de la paz social y para solucionar la conflictividad que existe ahora».
La consejera, que esta tarde ha participado en la inauguración del XXI Congreso Asociación Judicial, organizado por la Asociación Foro Judicial Independiente, ha anunciado también la puesta en marcha en el año 2024 del nuevo juzgado de instrucción de Santander y que, en el primer trimestre del año, se instalará la cámara Gesell en Salesas. Asimismo, entre los proyectos de su departamento en el área de Justicia, ha adelantado que se profundizará en la mejora de las infraestructuras judiciales y se invertirá en proyectos de modernización y digitalización, a través de los fondos europeos
De hecho, ha dicho, Cantabria asume el reto de invertir 6,6 millones de euros de fondos europeos en la digitalización del Registro Civil, la integración del sistema de gestión procesal, que supondrán 3 millones de euros entre los años 24 y 25, así como «más proyectos» para un «nuevo impulso» a la modernización tecnológica. El objetivo es, ha apuntado Urrutia, tener una Justicia «totalmente informatizada, interconectada, compatible con los distintos sistemas de gestión procesal y universalmente accesible para los ciudadanos y para el resto de operadores jurídicos».
Apoyo sin fisuras jueces y magistrados
Además, en su intervención, la consejera ha trasladado a los presentes el apoyo «sin fisuras» del Gobierno de Cantabria a todos los jueces y magistrados del país, especialmente a los que se están viendo cuestionados en este momento, que participaron en los procesos que ahora se cuestionan y que ahora tendrán que aplicar una ley «que desmorona todo el Estado de Derecho», en clara alusión a la Ley de Amnistía.
Para Urrutia, «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es una competencia que sólo puede recaer en jueces y magistrados». Lo contrario, a su juicio, significa «dar un golpe en la línea de flotación del Estado de Derecho», hacerlo colapsar hasta la profundidad y comenzar una forma de gobierno, que dista mucho de la democracia.
En definitiva, ha reiterado, el Gobierno de Cantabria defiende de forma «inquebrantable» la independencia judicial y el cumplimiento «íntegro» de las resoluciones judiciales, porque eso, ha añadido la titular de Justicia, es la base del Estado de Derecho. En la inauguración, que ha tenido lugar en el Palacio de la Magdalena de Santander, han participado también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; la presidenta de la Asamblea Regional de Cantabria, María José González Revuelta; y el concejal de Economía, de la Oficina de Fondos Europeos, de Contratación y de Compras del Ayuntamiento de Santander, Javier García.