La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria ha emitido un comunicado en el que señala que “desde el absoluto respeto a la acción política de los representantes de los distintos partidos en aras a conformar mayorías de investidura para la elección del Presidente del Gobierno, mostramos nuestra preocupación con el contenido del documento, en cuanto, entendemos, pone en cuestión la organización del estado y el sistema de división de poderes establecido en nuestra Constitución”.
Igualmente asegura que “entendemos inadmisible que dicha propuesta incorpore la posibilidad de que se ponga en cuestión el trabajo de jueces y magistrados que desarrollan su trabajo con absoluta independencia y en estricto cumplimiento de las Leyes emanadas del poder legislativo, solapando, de esta forma, el mandato contenido en el artículo 117.3 de la Constitución que atribuye a los jueces y magistrados la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”.
El documento emitido esta tarde apunta que “tampoco consideramos admisible la incorporación al documento de un acuerdo que posibilite la revisión de la labor de los Tribunales e incluso que pueda determinar la exigencia de responsabilidad de jueces y magistrados al amparo del concepto “lawfare o judicialización de la política”.
El Colegio que representa a los profesionales de la Abogacía en la Comunidad recoge que “en nuestra condición de Corporación de Derecho Público y partícipes de la administración de justicia, queremos trasladar nuestra confianza en el Estado de Derecho y el compromiso de la Abogacía con el marco constitucional del que nos hemos dotado, haciendo un llamamiento a la responsabilidad y al diálogo de nuestros representantes para el logro de la concordia siempre desde el respeto a la legalidad”.